El 20 de octubre de 2010 fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron heridos otros tres compañeros (Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos), durante el reclamo de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que exigían el pase a planta. Sin el amparo del convenio, los trabajadores tercerizados cobraban hasta un tercio de los salarios que recibían los empleados de planta.
Durante la manifestación, los tercerizados que se manifestaban en conjunto con compañeros del PO fueron agredidos a pedradas primero y emboscados después, por una patota organizada por la Unión Ferroviaria -el sindicato que debía defenderlos- para “aleccionarlos”.
José Pedraza
Es el máximo dirigente de la UF es José Pedraza, que hace 27 años está al frente del sindicato, que ha creado empresas tercerizadas con las que explota a los trabajadores y que ha recibido subsidios y amparos millonarios, al igual que las concesionarias y tercerizadoras de todo el transporte público. Está preso a la espera del juicio, aunque intentó un sinfín de estrategias para salir. Entre otras: coimas a la justicia y alteración de pruebas. Fue detenido en su departamento de un millón de dólares en Puerto Madero.
Por si fuera poco, Pedraza es aliado del Gobierno en la puja por la CGT. Desde la cárcel envió una carta de adhesión y apoyo a la central que decidió una ruptura, permitiendo el quorum necesario. Además, regó la ciudad de carteles del sindicato en apoyo a la gestión oficial, presionando para que sus amigos no lo olviden en la desgracia.
UGOFE
La concesionaria del Roca estaba implicada en los negociados junto a la UF y al Estado Nacional, a través de la recepción de subsidios millonarios y la tercerización de los trabajadores. El 20 de octubre otorgó 120 licencias gremiales a los que conformarían la patota que atacaría a los tercerizados. Luego de la masacre de ONCE, reemplazó a Cirigliano en la concesión del Sarmiento. Un premio.
Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime
Los máximos responsables del transporte nacional durante los últimas 10 años, dieron subsidios millonarios sin ningún tipo de control. Jamás oyeron los reclamos de trabajadores -de convenio y tercerizados- ni de los usuarios. Poco más de un año después del asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrió la masacre de Once el Ferrocarril Sarmiento. La política de subsidios discrecionales y sin control, sigue su rumbo: Roggio y Ugofe -concesiones- reciben aún más dinero que antes.
Guillermo Antonio Luna
Es el actual subsecretario de Transporte, se comunicaba con José Pedraza el día del asesinato de Mariano Ferreyra a través del segundo de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Es parte del entramado de la burocracia sindical de La Fraternidad -donde tiene el cargo de Secretario de Política Ferroviaria, aliado a la UF y encargado de asignar gran parte de los subsidios para las concesiones y tercerizadas desde la función pública. Sigue en todos sus cargos.
El Juicio
El 6 de agosto en los tribunales de Comodoro Py, comenzará el juicio a los responsables políticos y materiales del crimen. A Pedraza, se le suman en el banquillo Juan Carlos Fernández, que estaba junto al dirigente ferroviario en el Congreso Latinrieles y se comunicaba constantemente con Pablo Díaz que dirigía la patota en el lugar de los hechos, ambos son dirigentes de la Unión Ferroviaria. También están imputados por integrar la patota asesina Daniel González, Francisco Pipito, Guillermo Uño, Gustavo Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Gabriel Sánchez. Procesados se encuentran además Cristian Favale, barrabrava contratado para la ocasión; y los policías Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Rolando Garay, David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti (Acusados por la fiscalía por abandono de persona y por las querellas por homicidio agravado, al haber actuado en complicidad con la patota, generando una zona liberada sin la cual no se hubiera podido cometer el plan criminal).
Impunidad
Las maniobras dilatorias de la defensa y los intentos por recobrar la libertad de los imputados llegaron hasta las altas esferas. Las escuchas vinculan a Pedraza con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y con otros funcionarios. La justicia fue tentada con monedas, hubo peritos falseando pruebas y otra trama de intrigas farsescas. La condena será parte de la continua y creciente movilización popular que exige juicio y castigo a los responsables de este crimen político contra la clase trabajadores. Por Mariano Ferreyra, por Elsa Rodríguez, por Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Pero también por Carlos Fuentealba, los Qom y todos los asesinados por luchar y reclamar.
Para que no quede impune, el lunes 6 de agosto vamos todos a Comodoro Py a las 8 de la mañana. El juicio será largo (hasta 2013), pero estaremos presentes para exigir el castigo a los responsables y sus cómplices.
